Comentario

El 10 de marzo de 1826 había fallecido sin designar sucesor el rey de Portugal, Juan VI. La familia real portuguesa había huido a Brasil a raíz de la invasión de la Península por parte de las tropas napoleónicas y no regresó hasta 1820. El rey Juan VI había dejado como virrey de Brasil a su hijo mayor don Pedro. Durante su ausencia, Portugal se había dado una Constitución, que fue aceptada por el rey a su regreso, aunque no por la reina, Carlota Joaquina, hermana del monarca español y de su mismo talante político absolutista. En 1822, Brasil se declaró independiente y don Pedro fue proclamado emperador, por lo que, de acuerdo con la Constitución portuguesa, perdía sus derechos a suceder a su padre en Portugal. Los restantes hijos del rey, don Miguel, la princesa de Beira y la infanta Francisca, mujer del infante español Carlos María Isidro, eran partidarios de la Monarquía absoluta y enemigos de la Constitución. Esa actitud era compartida por los realistas portugueses, que habían puesto sus esperanzas en don Miguel, un joven impetuoso que en 1823 se había puesto a la cabeza de una insurrección militar para conseguir que su padre aboliese la Constitución. Poco antes de morir Juan VI había nombrado a una regencia presidida por la infanta Isabel María, la cual reconoció como heredero al emperador don Pedro. Este hizo elaborar una nueva Constitución y el 2 de mayo renunció a la corona en favor de su hija María de la Gloria, que sólo tenía entonces siete años.
El gobierno español, que a la sazón presidía el duque del Infantado, temía que los acontecimientos de Portugal tuviesen una directa repercusión sobre la política española y que los liberales aprovechasen la circunstancia para sacar ventaja de ella. No ha de olvidarse que los constitucionales españoles habían sido bien acogidos en Portugal y podían ahora utilizarla como base para intentar algún movimiento revolucionario desde aquel país. Sin embargo, fueron más los realistas portugueses perseguidos los que atravesaron la frontera para buscar refugio en España. El gobierno español se vio obligado a establecer depósitos de refugiados en Salamanca, Toro, Palencia y algunas otras ciudades cercanas al vecino país.

González Salmón tuvo que enfrentarse al problema creado por la sucesión portuguesa. El nuevo Secretario de Estado procedía del campo de la diplomacia, donde había desarrollado una amplia experiencia en las embajadas de París, Sajonia y Rusia. En la decisión que llevó a su nombramiento debió estar presente esta circunstancia, en unos momentos en que era necesario un gran tacto en las relaciones internacionales para encarar la cuestión de Portugal. En el seno del gobierno español, Calomarde era el único que se decantaba claramente por las aspiraciones del pretendiente don Miguel, pues tanto López Ballesteros, como Zambrano, Salazar y el mismo González Salmón eran más transigentes en cuanto al control de los realistas que se refugiaban en España. Sin embargo, la ayuda a los emigrados portugueses se produjo y desde este lado de la frontera se prepararon acciones de apoyo a los miguelistas, que desencadenaron una ofensiva a finales de noviembre de 1826. La jura de la Constitución por parte de don Miguel, que se hallaba en Viena, junto con la presión de Inglaterra y Francia, impusieron una mayor prudencia a la política portuguesa del gobierno español. Al cabo de unos años, la cuestión se resolvería con la proclamación de don Miguel como rey constitucional de Portugal en 1828 y con la derrota por parte de éste de las tropas que apoyaban a María de la Gloria. El gobierno de Fernando VII veía cómo la situación en el país vecino tomaba unos derroteros que satisfacía sus deseos y eso le permitió dedicar su atención a otro problema que había surgido en Cataluña con la sublevación de los agraviados.